Retórica Por Felipe Imaña ROMERO* Marzo-abril de 2016
Luego de diez años de gobierno, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y Evo Morales Ayma dejaron de ser la posibilidad de impulsar procesos de democratización en Bolivia. EL MAS-IPSP, nace a mediados de los noventa del pasado siglo en un contexto boliviano de lento crecimiento económico, ampliación de la desigualdad en la distribución de ingresos que amplía la brecha entre ricos y pobres, creciente desconfianza en los partidos políticos y el evidente fracaso de políticas liberales para impulsar el desarrollo del país; la desilusión y frustración de sectores populares se incrementó al evidenciar que el Estado se debilitó, perdiendo el control sobre el uso y usufructo de los recursos naturales en un momento de recesión económica en Latinoamérica. Bolivia vivió “sacudones” entre finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI: movilizaciones de sociedad civil surgidas como respuesta a las políticas públicas liberales implementadas en Bolivia que se volvieron más visibles, masivos y violentos desde el año 2000 con la denominada “guerra del agua” en Cochabamba, los diversos bloqueos en el altiplano y el Chapare entre 2000 y 2005, diferentes acciones colectivas en zonas urbanas siendo la de mayor connotación la acaecida el año 2003 en El Alto y La Paz por la negativa de venta de gas boliviano por puertos chilenos que desembocó en violencia extrema por parte del Estado. Desde 2005 las concentraciones masivas se trasladaron a Santa Cruz, Beni y Tarija en principio y luego a Chuquisaca (Sucre) y La Paz con los denominados “cabildos por autonomías” y “cabildos por la Sede de Gobierno”, tampoco se puede dejar pasar por alto otras manifestaciones de reivindicación regional inflamadas por élites que sentían perdían el poder político en el país. Lo descrito fueron piezas –no todas- de un proceso de acumulación histórica que abrió la posibilidad de un clivaje, es decir en una ruptura o cambio de orientación de la coyuntura. La posesión de Evo Morales como presidente constitucional de la República de Bolivia el 22 de enero de 2006 con un 54% de apoyo del electorado -respaldo sin precedentes desde la recuperación de la democracia formal en 1982 y manteniendo la tendencia de mayoría absoluta en las siguientes dos elecciones presidenciales (2008 y 2013) y las respectivas mayorías parlamentarias que permitieron implementar políticas públicas sin mayores obstáculos-, estuvo acompañada con la imagen de presidir un gobierno representativo de segmentos sociales excluidos, fundamentalmente catalogada como indígena; un efecto fue la reconfiguración del sistema político que llevó a pensar que nacían dos grandes fuerzas políticas: por un lado MAS-IPSP y otra, conformada por representantes de élites y fuerzas políticas que ostentaron el poder económico y político desde la mitad de la década de los 80 del Siglo XX. El sistema político boliviano en realidad mantuvo la característica de conformación de coaliciones para alcanzar el control de los poderes legislativo y ejecutivo , y también de la Asamblea Constituyente, mecanismo más conocido en Bolivia con el nombre de “democracia pactada”, con un sistema de partidos moderado; las diferencias recayeron en la forma de la articulación de dichos pactos y de los actores participantes, pues de ser realizados una vez concluidas las elecciones y con bancadas partidarias legislativas conformadas se paso -para la las elecciones generales de diciembre de 2005, 2008 y 2013- a la conformación de alianzas pre electorales en torno a “caudillos”, el más destacado fue el del MAS-IPSP que aglutinó, a partir de alianzas formales e informales, a segmentos y movimientos de sociedad civil (autodenominados movimientos sociales) en un primer momento y, luego, élites empresariales y agro industriales, abriendo la oportunidad a nuevos actores de participar en una coalición sin la necesidad de tener presencia en el Poder Legislativo, así mismo la presencia de una oposición política desarticulada e incapaz de realizar una propuesta alternativa que se esforzó por aglutinar en torno suyo a diferentes fuerzas políticas, fundamentalmente agrupaciones ciudadanas y segmentos de tendencia liberal-conservadora. Las alianzas que fortificaron al MAS-IPSP derivaron en una especia de “mega coalición de organizaciones de sociedad civil”, unidas bajo la premisa de buscar reconocimiento de sectores excluidos, inclusión y movilidad social, equidad por parte del Estado entre otras, además, casi todas coincidieron en la identificación de los “culpables” de la dependencia y pobreza de Bolivia: el imperialismo, los liberales de la derecha y al capitalismo; sin embargo, la coalición no se sostiene sobre un programa ideológico, menos sobre un programa fruto de la reflexión colectiva, por ello al interior de ésta se identifica un ideologuema antes que una ideología dominante, es decir, la coexistencia de diferentes tendencias políticas e ideológicas: indianismo, indigenismo, trotskismo, marxismo, socialismo, social-democracia, nacionalismo y “pachamamisno” por mencionar algunos. Tendencias que propugnan procesos de desarrollo clásico sobre la base del extractivismo de recursos naturales también están presentes en la coalición. El ideologuema del gobierno del MAS-IPSP le permite transitar por cada una de las referidas tendencias según la necesidad de justificar las políticas públicas que decide aplicar, en ese sentido, se constituye en una fortaleza que le permite flexibilidad para enfrentar momentos de descontento social y tensión política, pero con el transcurrir del tiempo, de mantenerse la situación sin la emergencia o imposición de una línea ideológica predominante, puede resquebrajar y dividir la coalición, pudiendo el MAS-IPSP, en el caso extremo, desaparecer como alternativa política. Durante el primer quinquenio gubernamental de Evo Morales, miembros de la coalición comienzan a entrar en tensión a partir del cuestionamiento a la restricción de mecanismos para la toma de decisiones al interior del partido gobernante, situación que derivó en la salida del MAS-IPSP de personas que habían impulsado el IPSP, entre ellos dirigentes de organizaciones de sociedad civil, políticos e intelectuales de izquierda, de tal modo que se abrió la oportunidad para que organizaciones que habían sido aliados importantes dentro el MAS-IPSP saliesen de la coalición, básicamente organizaciones de pueblos indígenas, entre ellas podemos mencionar a la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ). Dirigentes de organizaciones (indígenas, campesinas y urbanas) expresaron su preocupación por el peligro de perder su autonomía política. Frente a ésta situación, la cúpula del partido gobernante fomentó la conformación de dirigencias paralelas en organizaciones con tendencia a salir de la coalición, básicamente se promovió la elección de dirigentes con clara inclinación a apoyar al presidente y al MAS como miembros de “comités ejecutivos”, muchas veces sin respetar los procedimientos establecidos en estatutos orgánicos y/o usos y costumbres de organizaciones de sociedad civil, generando organizaciones paralelar afines al partido gobernante; como resultado el gobierno central arguye contar con la legitimidad y apoyo del pueblo, representado por dirigentes de organizaciones, varias de ellas cooptadas por el MAS-IPSP, pregonando discursivamente el trabajar “obedeciendo al pueblo”, sin embargo planteando una política interna de “sustitución del pueblo” en la toma de decisiones por una élite política que gobierna. En ese sentido, el MAS-IPSP, no respetó la autonomía de las organizaciones, especialmente las indígena originario campesinas, sino fue promoviendo su división y, como efecto, el debilitamiento, des-democratización y desorganización de la sociedad civil, situación que aún persiste en Bolivia. Entrando a la gestión pública del gobierno del MAS-IPSP, se propulsó un rediseño del Estado, cuyo momento de arranque formal fue la aprobación de una Nueva Constitución Política del Estado, cuya construcción sufrió momentos de discrepancia, conflictividad y violencia desde la convocatoria y posterior sesión de una Asamblea Constituyente, pasando por mesas de concertación y ajuste a la propuesta inicial, hasta la convocatoria a un referéndum para su aprobación. Incorporar a sectores antes excluidos implicaba romper el monopolio que, desde 1994, la normativa pública otorgó con preferencia casi absoluta a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) en la definición de las prioridades de gestión pública en el nivel municipal , pero, fundamentalmente, la posibilidad de co-gobierno: reconocimiento de la formas de gobierno de pueblos Indígena Originario Campesinos (IOC) rompiendo con el monopolio de la forma de gobierno liberal-representativa existente desde la fundación de Bolivia en 1825, propuesta realizada por el Pacto de Unidad durante los debates de la Asamblea Constituyente en Sucre, base para la constitución de un Estado Plurinacional. Durante el 2008, el MAS-IPSP optó por mantener la forma de gobierno liberal-representativa, y fomentó la incorporación dentro la nueva constitución la figura de Autonomías para los niveles sub nacionales del Estado (departamental y municipal fundamentalmente) con la característica de un Estado Compuesto, que es un esquema estructural del Estado en términos territoriales donde se ha roto el monopolio legislativo del nivel nacional: cada territorio autónomo tendría la capacidad de legislar según las competencias derivadas constitucionalmente y de una ley originada desde el nivel central. La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia fue aprobada en referéndum el año 2008, y a ésta le siguió un proceso electoral que implicó la reelección de Evo Morales como el primer Presidente del naciente Estado Plurinacional de Bolivia. La elaboración de leyes estructurales tales como la del Órgano Electoral Plurinacional, del Órgano Judicial, del Régimen Político Electoral, del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías entre otras institucionalizó la forma de gobierno liberal –representativo y de tendencia centralista. Impulsar los procesos de autonomía, como camino a la consolidación de lo plurinacional, fue un discurso retórico del Gobierno de Evo Morales Ayma, y los esfuerzos para su puesta en marcha careció de voluntad política, priorizando el fortalecimiento del nivel central, de hecho, se tendió a disminuir competencias y la capacidad de autonomía fundamentalmente en cuanto a temas fiscales de los niveles sub nacionales. Desde el MAS-IPSP se fomentaron la construcción de Estatutos Autonómicos en diferentes departamento, Cartas Orgánicas y propuestas para la conversión a autonomías indígena originario campesina en municipios, generalmente coordinados y realizados con la participación de organizaciones de sociedad civil afines al partido gobernante, en procesos participativos muchas veces cuestionables, y cuyos resultados –propuestas de Estatutos y Cartas Orgánicas- no fueron socializados a la población, situación que derivó a su rechazo en cinco departamentos (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí) tres municipios (Huanuni, Cocapata y Tacopaya) y un municipio en conversión a autonomías indígena originaria campesinas (Totora Marka) que fueron a referéndum el 12 de julio de 2015 para aprobar dichas normativas necesarias para promover la descentralización administrativa y política en Bolivia; sólo en Charagua ganó la opción de “sí” para su conversión a autonomías indígena. Cambió el discurso y el nombre formal de Bolivia, pero permaneció la línea dura de la ingeniería constitucional liberal representativa con concesiones a los niveles sub nacionales bajo el paraguas de autonomías y competencia exclusivas, insuficientes para poder alcanzar sostenibilidad y funcionalidad sin el apoyo fiscal del nivel central, en ese sentido la dependencia, no sólo financiera sino de toma de decisiones pública desde el nivel central de gobierno, permaneció para más del 95% de los gobiernos autónomos en Bolivia, disminuyendo drásticamente la posibilidad de co-gobierno, es decir de lo Plurinacional, y de los procesos de descentralización política, democratización y ampliación de oportunidades para participación efectiva en la toma de decisiones pública, prueba de ello fue la falta de voluntad política para el apoyo a la profundización de la “autonomía” desde el gobierno central, elaboración de propuestas normativas con la participación usualmente restringida a organizaciones afines al MAS-IPSP y la no difusión de los contenidos de las normas elaboradas; la acumulación de dichas acciones derivaron en el rechazo de de éstas propuestas por parte de los votantes en el referéndum ciudadano en cinco departamentos y cuatro municipios Bajo el contexto expuesto, en Bolivia aún persiste un déficit en la participación ciudadana, pues no ha existido la capacidad ni la voluntad real del Estado para la aplicación de mecanismos reconocidos normativamente y la definición de nuevos espacios alternativos de concertación y reglas consensuadas entre gobiernos de los diferentes niveles (central, departamental, municipal) y sociedad civil que abra nuevos canales para la participación efectiva en la toma de decisiones de mayores segmentos de la población; para los niveles departamental y nacional no existen espacios de concertación; de hecho, desde el gobierno del MAS-IPSP existe un intento fuerte de despolitización, desorganización y subordinación de la sociedad boliviana, cuyo fuerte históricamente fue su capacidad de auto organización y movilización en demanda y promoción de mayor participación en la toma de decisiones pública, procesos de democratización y ejercicio de derechos civiles.*Felipe Imaña Romero trabaja en el Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana (FOCAPACI). Las opiniones vertidas en éste artículo son de exclusividad del autor, y no compromete a FOCAPACI, como tampoco a las instituciones que apoyaron su publicación.
